Carta a los Reyes Magos

Alberto Pérez Schoelly

Hemos sabido los mexicanos en los últimos días, de dos hechos acontecidos dentro de la 4T que resultan bastante interesantes y que al menos a mí me suscitaron las siguientes reflexiones. Uno es el caso de la incorporación de un panista corrupto (Lavalle Maury) a un puesto de primer nivel -nada menos que como Secretario de Desarrollo Económico- en el gabinete de Layda Sansores en el gobierno de Campeche. El otro, es la denuncia por parte de Adán Augusto López de los “negocitos” de Ricardo Monreal durante su pasada gestión en el Senado de la República. Ambos asuntos de inmediato atrajeron la atención pública, tanto dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, como de los enemigos de esta.

El común denominador de ambos casos es la corrupción. Con el gobierno de AMLO, se empezaron a barrer las escaleras de arriba para abajo, pero las escobas se han atorado en ciertas escaleras y en ciertos niveles. Tampoco se ha barrido con la misma fuerza en todos los casos, en algunos escalones como que solamente se han hecho ligeras “sacudidas” pero sin quitar el polvo, ya que después de cierto revuelo inicial, se ha vuelto a asentar el mismo polvo. El gobierno de AMLO inició ferozmente su lucha contra la corrupción de la mano de Irma Eréndira Sandoval, que inició procedimientos administrativos y penales contra centenares de servidores públicos, pero duraría en el puesto hasta que pisó los callos de personajes cercanos al presidente. Es decir, el instrumento principal del Poder Ejecutivo (la Secretaría de la Función Pública) para barrer los escalones de corrupción, fue inutilizado a medio sexenio y después se “nadó de muertito” el resto del sexenio, dejando las cosas como estaban y desarrollando una lucha contra la corrupción más bien selectiva.

De tal manera que la corrupción ha permanecido en casi todos los ámbitos del gobierno federal, para no hablar de los gobiernos de la 4T a nivel estatal o municipal. En algunos casos, los menos, se alcanzó a barrer a fondo hasta el segundo o tercer escalón. En estas condiciones llegó Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República. El lema de “No mentir, no robar y no traicionar”, propagandizado desde el gobierno de AMLO, se ha ido convirtiendo, al parecer, en un slogan sin contenido y con fines más bien propagandísticos. 

La metida de pata de Layda con ese nombramiento es de antología, y su aferramiento y defensa de su nuevo colaborador realmente da grima. El argumento de que dicho sujeto “merece una segunda oportunidad, como cualquier persona”, pasará a los anales de las vergüenzas públicas más notables. Ni siquiera la respuesta de la Presidenta en una mañanera, al decir que “yo no lo incluiría en mi gobierno”, movió en algo dicho aferramiento. La fuerza de esa declaración, sin embargo, quedaría diluida con una foto que se fue a tomar la Presidenta con la gobernadora pocos días después, mandando el mensaje de que Layda puede nombrar a quien quiera y que “aquí no ha pasado nada”. La gravedad del hecho se minimizó desde lo más alto del poder.

Algo similar sucedió con el affaire Adán Augusto-Monreal. Las denuncias de Adán Augusto de los “negocitos” de Monreal en la pasada legislatura, así como el anuncio de las denuncias penales, cimbró al ambiente político del Congreso y del movimiento de la 4T. No tanto porque nos enteráramos de corruptelas de Monreal -algo nada nuevo- , sino por el nivel del denunciante. La Presidenta comentó primero, ante la pregunta de un reportero, que Monreal y Adán Augusto deberían de mantener “la cabeza fría”, pero que habría que investigar las denuncias a fondo. Monreal a su vez contestaría -para variar- diciendo que es inocente, que no tuvo nada que ver son todo eso y que se denuncie lo que se tuviere que denunciar. A los pocos días, todo vuelve a la calma: se deja de hablar de las denuncias penales y se llega, así parece, a una “amigable composición”, como dicen los abogados, entre ambos personajes, gracias a la mediación del gobierno federal, en primer término por la Presidenta y también por Rosa Icela Rodríguez, la Secretaria de Gobernación. 

Me llama la atención que, en el primer asunto, el de Layda, en lugar de precisar con mayor energía lo inaceptable del nombramiento de Lavalle, así como ejercer presión para anular ese nombramiento, se prefirió la minimización del hecho. En el segundo, en lugar de condenar esos evidentes casos de corrupción, y reiterar la necesidad de investigar y castigar, se optó por llamar a la concordia y a la “unidad”. Esto por parte del gobierno federal. También cabe destacar que Morena, el partido de la 4T, ha tenido en todo esto,  lamentablemente, un papel muy marginal. 

La política que ha desarrollado el partido desde su creación, ha sido siempre muy pragmática. Recordemos la firma del “Acuerdo de Unidad” de 2017 en el Monumento a la Revolución, al cual acudieron presurosos diversos personajes impresentables en aquel entonces al llamado de AMLO y que hoy ya están plenamente integrados a la 4T. Sin lugar a dudas, gracias a ese impulso pragmático e “incluyente”, fue posible vencer en las elecciones de 2018, y el principal argumento esgrimido para esa inclusión de chapulines, prianistas y demás, fue que “lo importante no es de dónde vienes, sino a dónde vamos”. Dijéramos que en ese momento estaba plenamente justificado ese proceder. Hoy, a siete años de la firma de ese acuerdo, cabría preguntarse si ser tan incluyentes y pragmáticos sigue siendo necesario. La continuación de ese crudo pragmatismo se ve hoy reflejado en el creciente número de ex prianistas en cargos legislativos y administrativos, en los tres niveles de gobierno, así como la marginación de cuadros del movimiento. El caso de Layda no ha sido el único. AMLO y Claudia también lo han hecho, de ahí su perdón y tolerancia hacia estos casos. El segundo piso de la transformación, creo, requiere de un cambio de timón, más a la izquierda y más intransigente con la corrupción y la inclusión de personajes impresentables.

Morena, que debería de encabezar el llamamiento a cuentas de funcionarios y legisladores de la 4T que violan los principios del movimiento, ha mantenido un perfil bajo y ha señalado, por voz de su Secretaria General, Carolina Rangel, que no cuentan con mecanismos para llamar a cuentas a quienes caigan en prácticas de corrupción o de mal gobierno. ¿Para qué elaboran y difunden entonces un “Decálogo” de comportamiento para la 4T? Han dejado que sea la misma Presidenta la que exprese lo que debería estar señalando Morena, como vocero del movimiento. El partido debería ser proactivo en todo momento y no estar esperando la “línea” de arriba. Estos son, indudablemente, signos ominosos de lo que viene ahora para el “segundo piso de la transformación”. De no corregirse estas actitudes tanto en el gobierno como en el partido, veremos crecer el desencanto en la población, con resultados electorales previsibles en 2027, y con el agravante de que ya no está presente el Presidente López Obrador para prestarle su autoridad moral a Morena. Me gustaría que el lema “NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR”, se viera reflejado claramente en la praxis política, administrativa y social de la 4T, que no dejara lugar a dudas, mostrando que no se trata de un slogan propagandístico y que también se percibiera con claridad que el pragmatismo electoral y político ha sido dejado atrás y se ha vuelto a los principios originarios del movimiento. ¿Será esta una carta a los Reyes Magos?