Al expresidente Felipe Calderón Hinojosa le gusta presumir en entrevistas a modo su honradez; sin embargo, existen numerosas pruebas de que, durante su gestión en la vida pública del país, se cometieron múltiples actos de corrupción.
El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue entrevistado hace unos días por el conductor de espectáculos Yordi Rosado. Durante la conversación, el panista aseguró que, contrario a lo que se dice, no robó ni cometió ningún delito. Sin embargo, existen numerosas pruebas de que su gestión en la administración pública no fue transparente y estuvo marcada por múltiples casos de corrupción.
A Calderón le gusta presumir en redes sociales y otros medios los empleos que ha obtenido en grandes corporativos internacionales, así como su asistencia a eventos deportivos de gran relevancia mundial, como la Fórmula 1 en Mónaco o el Super Bowl. Tal vez intenta proyectar la imagen de una persona altamente preparada, honesta y con gran popularidad. Sin embargo, para muchos mexicanos, estos empleos otorgados y las invitaciones a estos eventos han resultado sumamente costosas.
Un ejemplo de ello es su relación con Avangrid, empresa surgida de la fusión entre la filial de Iberdrola en Estados Unidos y UIL Holding, que comenzó operaciones en diciembre de 2015. En julio de 2016, la compañía amplió su consejo de administración a 14 miembros e incorporó a Felipe Calderón. Esto ha sido interpretado como un posible “pago de favores” por parte del corporativo español al expresidente mexicano.
Desde su época como secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, Calderón favoreció a Iberdrola México con contratos y beneficios extraordinarios. Designó en puestos clave a personas de su absoluta confianza, como César Nava Vázquez (director jurídico), Juan Camilo Mouriño Terrazo (subsecretario) y Dionisio Pérez Jácome (titular de la Comisión Reguladora de Energía, CRE). Este grupo otorgó a Iberdrola permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, actividades que en ese entonces eran exclusivas del Estado según el artículo 27 constitucional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que estos permisos eran ilegales, pero esto no impidió que los funcionarios federales siguieran otorgando más contratos con mayores privilegios a la empresa española. En 2003, Pérez Jácome permitió que Iberdrola excediera, de manera ilegal según la ASF, el doble de la cantidad de electricidad autorizada para el autoconsumo de su socio Nylon de México. Como consecuencia, se solicitó una indagatoria contra los servidores públicos involucrados.
Aunque la participación privada en la industria eléctrica comenzó en 1995 bajo el esquema de Productores Independientes de Energía (PIE), la CRE, durante la gestión de Pérez Jácome, otorgó permisos que excedían los límites legales. La ASF determinó que Iberdrola fue la principal beneficiada. Para 2011, el 48 % de la electricidad consumida en México ya era generada por empresas privadas, destacando Iberdrola, que en ese momento tenía como consejera a Georgina Kessel, exsecretaria de Energía en el gobierno de Calderón.
En 2006, Iberdrola recibió autorización para vender energía a 194 corporativos, entre ellos Bimbo, Barcel, British American Tobacco México, Cemex y Soriana, a través de una modificación al permiso de autoabastecimiento. Estas concesiones fueron altamente lucrativas para la empresa española, que en 2007 obtuvo ganancias netas de 54.7 millones de euros en México, un aumento del 64.3 % respecto al año anterior. Solo en el primer año de Calderón como presidente, Iberdrola recibió contratos por 2,669 millones de euros.
Pero Iberdrola no fue la única beneficiada por el expresidente panista. También la empresa energética española Repsol obtuvo concesiones privilegiadas. En 2003, cuando Calderón era secretario de Energía, Pemex firmó un contrato por 2,400 millones de dólares con Repsol para la explotación de 16 campos de gas en la Cuenca de Burgos. Este acuerdo convirtió a la compañía en la mayor petrolera extranjera operando en México. Sin embargo, en 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló el contrato debido al incumplimiento de Repsol.
Las irregularidades en el gobierno de Calderón no solo involucraron a empresas extranjeras, sino también a su círculo cercano. Un caso emblemático fue el de César Nava, quien en 2013 fue demandado en Estados Unidos por Petróleos Mexicanos. Pemex lo acusó de haber participado en una conspiración con las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la empresa pública por 500 millones de dólares. Durante su gestión como director jurídico de Pemex (2001-2003), Nava impidió que la petrolera cobrara 102.8 millones de dólares por incumplimientos contractuales de estas empresas.
Además, en 2010, cuando era presidente del PAN, Nava compró un lujoso departamento en Polanco por 7.25 millones de pesos, aunque su valor real era de 15 millones. La compra al contado generó sospechas, pues su sueldo como funcionario no le habría permitido adquirirlo sin financiamiento.
Estos casos son solo algunos ejemplos de los múltiples señalamientos de corrupción en el sexenio de Felipe Calderón y su equipo cercano. Las dudas sobre su honradez siguen siendo muchas y del dominio público.