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La aseguradora Swiss Re advirtió hace unos días que ya no cubrirá nuevos proyectos de plataformas petroleras ni la construcción de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que la empresa estatal ya no tiene la capacidad de reaseguro requerida por compañías que producen el 10% del inventario mundial de dióxido de carbono, como es el caso de la petrolera mexicana.
La noticia es delicada, ya que Pemex tendrá que pagar más por los seguros para su infraestructura o, en el peor de los casos, quedarse sin este respaldo.
El gobierno mexicano gasta alrededor de 5 mil millones de dólares al año en la contratación de seguros, lo que representa el 20% del negocio total del sector asegurador en México, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Casi todo este millonario negocio está en manos de aseguradoras privadas, muchas de ellas de origen extranjero.
La actual administración federal cuenta con dos reaseguradoras y una empresa de seguros para vivienda. Si bien estas compañías representan un ahorro para las finanzas públicas, la mayor parte del negocio de aseguramiento de los bienes del gobierno continúa en manos de corporativos privados.
En México, los seguros de daños han sido contratados por los tres niveles de gobierno desde hace muchos años con aseguradoras privadas. Sin embargo, no siempre fue así. Durante varias décadas, la administración federal contó con compañías aseguradoras estatales que emitían pólizas para la protección de inmuebles, mobiliario y de la población civil ante posibles perjuicios ocasionados por eventos catastróficos, incluyendo bienes de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como presas y carreteras, entre otros.
Este esquema cambió con las administraciones neoliberales que privatizaron las instituciones gubernamentales, dejando el negocio en manos de aseguradoras particulares, muchas de ellas extranjeras.
Durante muchos años, la empresa paraestatal Aseguradora Mexicana (Asemex) fue la institución encargada de cubrir las catástrofes que afectaban la infraestructura del gobierno federal y de algunas empresas del sector privado. Esta aseguradora fue financieramente rentable y cumplía eficientemente con su objetivo. Sin embargo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se decidió venderla al sector privado.
En 1992, Asemex fue desincorporada del gobierno federal y adquirida por el corporativo financiero Banpaís, encabezado por Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como “El Divino”. En solo dos años, la antes próspera aseguradora fue llevada a la quiebra, lo que obligó a la Secretaría de Hacienda a intervenir.
En septiembre de 1996, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo anunció que Aseguradora Mexicana requería mil millones de pesos de capital fresco para seguir operando. La aseguradora informó que obtendría ese capital mediante una fusión con Seguros Comercial América S.A., propiedad del empresario Alfonso Romo.
En junio de 2001, la empresa Savia llegó a un acuerdo final con ING Group, mediante el cual la compañía de los Países Bajos adquirió el total de las acciones remanentes de Seguros Comercial América Asemex por un monto de 791 millones de dólares.
Con esta operación, ING llegó a controlar el 40% del mercado asegurador mexicano, pero pronto enfrentó un litigio con la empresa mexicana Fertinal. En junio de 2007, la firma holandesa fue condenada a pagar una indemnización de 93.8 millones de dólares por los daños sufridos por Fertinal tras el paso del huracán Juliette en 2001, que destruyó sus instalaciones en Baja California Sur.
En febrero de 2008, la aseguradora francesa AXA compró Seguros ING, la filial mexicana de la holandesa, por 1,500 millones de dólares (1,000 millones de euros), y ING se retiró del mercado mexicano.
El gobierno mexicano no solo contaba con Asemex, también tenía una aseguradora de vida. En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, se vendió la principal compañía de seguros de vida en México, que contaba con tres millones de asegurados, activos por cerca de 2 mil millones de dólares y una alta rentabilidad.
En una decisión inusualmente expedita, que tomó solo unas cuantas horas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignó la licitación de Aseguradora Hidalgo a la empresa estadounidense MetLife. Esta compañía era líder del mercado en seguros de vida.
El gobierno federal recibió 9,200 millones de pesos por la privatización de la aseguradora, una cifra equivalente a menos de la mitad de su valor estimado por especialistas.
Un ejemplo claro de lo que paga el gobierno mexicano y sus empresas estatales lo da Pemex, que tuvo que desembolsar una gran cantidad de dinero para asegurar su infraestructura contra posibles daños. Fue una empresa extranjera la que se llevó este gran negocio.
Por cuarta ocasión consecutiva, la aseguradora de origen español Mapfre ganó la licitación pública de la póliza bianual integral de daños de Petróleos Mexicanos, por un monto de 563 millones de dólares.
Esta aseguradora cubre, con dicho contrato, el daño físico directo, los riesgos en mar y tierra, así como la responsabilidad civil de Pemex, sus subsidiarias y filiales. El valor de esta póliza es 29 % más elevado que el de hace dos años.
Cuando los posibles siniestros pueden provocar daños considerables y comprometer el pago de las pólizas, las compañías de seguros utilizan un mecanismo llamado reaseguro. Este les permite no arriesgar su solvencia y liquidez. Es un recurso común a todas las aseguradoras para operar y poder cumplir con las obligaciones que contraen con los asegurados que adquieren sus pólizas.
En México, las aseguradoras solo pueden hacer reaseguro con un número selecto de reaseguradoras autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Para obtener dicho registro y operar en el país, estas entidades deben cumplir con varios requisitos. A nivel mundial, existen entre 240 y 250 reaseguradoras con las que una compañía mexicana que suscribe un riesgo puede distribuirlo.
Petróleos Mexicanos cuenta con su propia reaseguradora. Es una empresa encargada exclusivamente de suscribir los riesgos del grupo propietario; es decir, se encarga de reasegurar a la petrolera. Por ello, Pemex busca un suscriptor directo en el mercado mexicano que realice los contratos con Kot Insurance Company.
La reaseguradora de Pemex, establecida en Zúrich, Suiza, trabaja con gran eficiencia, tiene una rentabilidad considerable y le genera ahorros a la actual empresa productiva del Estado. Gracias a ello, el dinero se queda en el país.
KOT reasegura el 100 % de las pólizas de Pemex relacionadas con activos en tierra (onshore) y en el mar (offshore).
Esta subsidiaria posee un conocimiento profundo de los riesgos de su empresa controladora, lo cual le permite generar beneficios en términos de costos mediante el acceso al mercado internacional de reaseguro, a través de sus operaciones en territorio suizo.
Además de estos beneficios económicos para Pemex, KOT cuenta con una buena disciplina de suscripción, lo que se traduce en un sólido desempeño operativo, con ingresos netos promedio de 130 millones de dólares en los últimos tres años.
El gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación también cuenta con otra aseguradora: AGROASEMEX, una institución nacional que tiene como misión proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural.
Esta empresa pública no solo otorga seguros a los productores rurales, sino que también ofrece productos que atienden las necesidades del sector agropecuario. Además, opera el Centro de Monitoreo Geoespacial de AGROASEMEX, que enriquece la información disponible para el sector mediante datos climatológicos y pronósticos de eventos hidrometeorológicos.
La actual administración federal también cuenta con Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. (SCV-SHF), dedicada a gestionar seguros ante el incumplimiento de pago de créditos para la compra de vivienda, así como para daños a la propiedad habitacional.
El anuncio de la negativa de Swiss Re para reasegurar la infraestructura de Pemex podría desembocar en un aumento significativo de las primas de reaseguro para la petrolera estatal, lo que implicaría un mayor desembolso de recursos por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Eduardo Esquivel Ancona
Como siempre Lalo, excelente gracias por la información