El Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, presentó ante los medios las conclusiones y resultados del Foro de Consulta Agrario, en el que se priorizó impulsar una reforma al artículo 27 de la Constitución para recuperar el sentido social de los ejidos.
Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria (PA), dio a conocer los resultados del Foro de Consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, organizado en las mesas de trabajo tituladas: “Los ejidos y comunidades agrarias en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: rescate, defensa y revalorización.”
Como resultado de las cuatro mesas de trabajo se recibieron 450 propuestas, de las cuales 100 fueron calificadas como “destacadas” y serán consideradas para la integración del PND 2025-2030. El procurador agrario destacó que este foro restablece el pacto histórico con los y las campesinas mexicanas, pacto que se había perdido durante los gobiernos neoliberales.
Durante el foro se acordó impulsar una reforma al artículo 27 constitucional, con el objetivo de devolver a los ejidos y comunidades agrarias su sentido social y su rol como motor de desarrollo en el país.
Suárez Carrera afirmó que las políticas neoliberales han propiciado el abandono del campo mexicano al favorecer los intereses de magnates financieros, quienes han impulsado empresas monopólicas de alimentos, e incluso han permitido que mafias del crimen organizado se apropien de grandes extensiones territoriales para fines delictivos.
“Ese abandono también facilitó el desarrollo del crimen organizado en los territorios, no solo para la producción y tráfico de estupefacientes, sino también para el reclutamiento de jóvenes sin alternativas y para el establecimiento de nuevos sistemas de extorsión y extracción de valores económicos en las economías regionales”, comentó.
En la conferencia, el servidor público informó que casi la mitad del territorio nacional está en manos de particulares y que, a partir de las políticas neoliberales impuestas desde los años ochenta, se han privatizado 4 millones de hectáreas de suelo agrario y ejidal, lo que subraya la importancia de frenar este proceso.
Otro aspecto resaltado fue el deterioro y la deforestación en la Península de Yucatán, ocasionados por un grupo de menonitas que talan la selva para plantar soya transgénica y usan herbicidas como el glifosato, provocando serios daños a los apicultores locales y al medio ambiente.
Asimismo, el foro acordó la generación de proyectos de conservación ambiental, manejo de bosques y ecoturismo, asegurando la sustentabilidad del territorio. Se destacó también la necesidad de implementar medidas contra la especulación inmobiliaria en tierras ejidales y comunales, así como frenar el despojo de tierras y proteger los patrimonios bioculturales.
Suárez Carrera señaló que el Estado mexicano se centrará en el desarrollo de las comunidades del campo como motor de crecimiento, en conjunto con la inversión privada y pública. Esta estrategia, agregó, permitirá frenar el fenómeno migratorio, que durante los gobiernos neoliberales provocó que entre 14 y 40 millones de mexicanos abandonaran el país.
Finalmente, el procurador agrario abordó el despojo y daño ecológico sufrido por ejidatarios y sus tierras, resultado de las concesiones mineras otorgadas en el periodo neoliberal, así como la injusta distribución del agua que afecta a ejidos y comunidades.
Una de las conclusiones del foro fue la necesidad de otorgar reconocimiento legal y autonomía a los ejidos, para que tanto las autoridades agrarias como los propios ejidos sean considerados sujetos colectivos de derecho público, con acceso a financiamiento y a un autogobierno democrático.
El abandono de las tierras ejidales se ha propiciado por su baja rentabilidad en la producción agricola, así por ejemplo para recuperar la inversión de una hectárea de maíz necesitan cosechar cuatro toneladas y quedar “tablas”. Los jóvenes migran y se están quedando los viejos. Estos agricultores prefieren rentar sus tierras para asegurar un ingreso sin riesgos, así las rentas les aseguran desde ochomil pesos hasta treintacinco mil pesos por hectare por año, en el caso productores de frutos rojos les pagan por adelantado hasta cinco años de renta, también rentan para agave y aguacate; esto ocurre en Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Jalisco, por lo menos.
El deterioro ambiental en la península de Yucatán es catastrófico por la construcción del Tren Maya y en menor medida por los hoteleros y otros como los Menonitas.
Los creditos al campo son muy necesarios pero deben ser acompañados de asesoría muy especializada; en este punto hay que tomar en cuenta la calidad productiva del binomio hombre+tierra.