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Los gobiernos neoliberales de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón dejaron, por negligencia y corrupción, numerosos proyectos de infraestructura inconclusos. El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, es un claro ejemplo de ello.
La construcción de este tren comenzó en 2014 y, más de una década después, aún no ha sido concluida. Desde sus inicios, el proyecto estuvo marcado por la opacidad en el uso de recursos públicos, sobrecostos, problemas técnicos y la adjudicación de contratos a empresas sin experiencia en obras ferroviarias. Es un ejemplo claro del llamado “capitalismo de cuates” promovido por los gobiernos neoliberales, donde se priorizaban los intereses de ciertos empresarios por encima del bien público.
Durante su conferencia matutina del pasado lunes 7 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la obra deberá quedar concluida este mismo año. Señaló que los retrasos se debieron, entre otras razones, a que el contrato fue adjudicado a una empresa sin experiencia en construcción ferroviaria, especializada en centros comerciales.
Sheinbaum recordó que los problemas comenzaron desde el día siguiente a la adjudicación, cuando se modificó el proyecto ejecutivo, lo cual impactó en los costos y en la planificación. También mencionó que, cuando ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó gestionar la conclusión de la obra dentro de la capital.
El proyecto original contemplaba un costo total de 38 mil 608.9 millones de pesos, con la meta de inaugurarlo en diciembre de 2017. Sin embargo, para 2018 el costo ya se había elevado a 59 mil millones de pesos, superando en más del 50% el presupuesto inicial.
Uno de los casos más cuestionados fue el de la empresa CAABSA, propiedad de los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Amodio Herrera. Esta compañía, sin experiencia en obras ferroviarias, ganó en 2014 la licitación del tramo 3 del tren —de la salida del túnel Sierra de las Cruces hasta Observatorio—. Un día después de obtener el contrato, modificaron el proyecto ejecutivo, lo cual derivó en retrasos y un incremento sustancial en los costos.
El Tren Interurbano México-Toluca tiene una longitud total de 58 kilómetros y busca conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. El presidente López Obrador priorizó la terminación de esta obra estratégica y le asignó un importante presupuesto para lograrlo.
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyo banco fiduciario es Banobras, fue el encargado de continuar con la ejecución del proyecto bajo el gobierno de López Obrador. La primera etapa —de Zinacantepec a Lerma— se inauguró el 15 de septiembre de 2023. Para agosto de 2024, se concluyó el segundo tramo, de Lerma a Santa Fe, quedando pendiente el tramo final hasta la estación Observatorio de la Línea 1 del Metro.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto total actualizado del proyecto asciende a 140 mil 134 millones 800 mil pesos, lo que representa un incremento del 262.9% respecto al presupuesto inicial. Además, los reportes del tercer trimestre de 2024 indican que la obra presenta un avance físico del 93%, y este año se cumplirán once años desde que comenzó su construcción, convirtiéndose en la obra de movilidad más prolongada de la era moderna en México.
El Tren Interurbano México-Toluca es, sin duda, un símbolo del fracaso del modelo neoliberal en materia de infraestructura. Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón dejaron tras de sí proyectos inconclusos de trenes, hospitales y carreteras, que fueron concesionados a empresas privadas sin experiencia, generando un manejo poco transparente y cargado de irregularidades.